Esta en la primera entrada del año, y ¿qué mejor manera de empezar que "dando un poco de caña" (discúlpenme la expresión) y generando algo de polémica? Creo que ninguna:
Los Títulos nobiliarios son honores que los monarcas conceden a personas que los merezcan como agradecimiento o recompensa a unos méritos determinados.
Los Títulos son inalienables, perpetuos, vinculados e imprescriptibles. Son, además, hereditarios según un orden preestablecido.
Todos los lectores de este pequeño y aburrido espacio virtual conocen mi postura sobre la legislación nobiliaria española actual. No incidiré de nuevo. Solo añadiré que las leyes que regulan los Títulos se pasan, por el arco del triunfo (hablando mal y en plata), las características principales de los mismos.
El Real Decreto 222/1988 de 11 de marzo y la Ley 33/2006 de 30 de octubre son claros ejemplos de esta tesis.
Llegados a este punto, me pregunto: ¿no sería mejor abolir los Títulos nobiliarios?
¡Que nadie se enajene! Me explico: soy el primer defensor de la vigencia de los Títulos. Son recuerdos de los méritos de nuestros antepasados y deben servir de espejo para que la sociedad pueda verse reflejada en individuos que le empujen a regirse por principios más elevados. Ahora bien, lo que no puedo defender, ni entender siquiera, es lo que se está haciendo con ellos en virtud de un supuesto progresismo que más tiene de bolchevique y jacobino, que de cualquier otra cosa.
¿Por qué seguir soportando a un Estado que lo único que hace es legislar en contra de unos honores que, por otro lado, no son ninguna amenaza para la sociedad, la democracia ni el orden establecido?
Creo que para recuperar algo de la dignidad perdida, los Títulos deberían dejar de regirse por lo público para pasar a formar parte de la esfera privada. Que el Estado los reconozca, pero que no se meta por medio. Algo parecido a lo que ocurre con la nobleza no titulada.
Otros países de la Unión Europea funcionan así. Y les va mejor que a nosotros. Incluso repúblicas.
Podría ser la Diputación de la Grandeza, pero no ésta Diputación actual, sumisa y servil, que poco o nada ha hecho por defender los intereses de sus representados la encargada de gestionarlos Una Diputación de la Grandeza que debería velar por el estricto cumplimiento de las Reales Cartas de Concesión y de la legislación nobiliaria histórica. Los sucesiones, rehabilitaciones, distribuciones, etc., deberían tramitarse a través de este organismo que, una vez aprobadas, deberían ser trasladadas a S. M. el Rey para su sanción.
¿Qué se ganaría con esto? En primer lugar volver a la esencia de los Títulos nobiliarios. Segundo que, al pasar a la esfera privada, no estaría sujetos a la legislación estatal, por lo que no habría que cumplir con lo establecido en el Real Decreto 222/1988 con lo que podrían rehabilitarse todos aquellos Títulos vacantes y caducados. Y por último, que tampoco habría que cumplir con la Ley 33/2006 o Ley Pedro J., con lo que los legítimos sucesores de los Títulos, podrían o recuperarlos o no verlos amenazados por un hipotético pleito. Lo que también ahorraría muchas discusiones familiares.
Pero esto es sólo mi opinión, que, obviamente, someteré a otra mejor fundada.
